Durante el análisis de la iniciativa en materia de extorsión, diputadas y diputados del PAN, PRD y la diputada Luz Itzel Mendo González refrendaron su compromiso de fortalecer el marco jurídico para proteger la seguridad, el patrimonio y la tranquilidad de las familias guanajuatenses.
La diputada Marisa Ortiz señaló que la armonización constitucional debe ir más allá de lo jurídico y responder a la realidad de las víctimas.
“La extorsión no solamente representa una conducta delictiva. Es una forma de violencia que busca someter, intimidar y limitar la libertad de las personas”.
La legisladora recordó que la reforma a la Constitución Federal incorporó la extorsión al catálogo de delitos relacionados con la prisión preventiva oficiosa y estableció la obligación de las legislaturas estatales de realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
Ortiz explicó que la propuesta del GPPAN busca cumplir con esta armonización y enfatizó que la adecuación de las normas debe ir acompañada de resultados concretos para la ciudadanía.
“Armonizar la ley no puede ser el punto final. La ciudadanía espera que las reformas constitucionales se traduzcan en instituciones que funcionen, en investigaciones eficaces, en protección para las víctimas y en condiciones para que quienes cometen estos delitos enfrenten las consecuencias de sus actos conforme a derecho”.
La diputada Marisa Ortiz sostuvo que el trabajo legislativo debe mantener un equilibrio entre la firmeza frente al delito, la protección a las víctimas y el respeto al estado de derecho, y afirmó que “en Guanajuato no podemos normalizar la extorsión”.
Finalmente, señaló que será fundamental escuchar las aportaciones realizadas durante el análisis de la iniciativa para construir una reforma sólida, clara y constitucionalmente correcta, que permita a Guanajuato contar con un marco jurídico actualizado y congruente.
“Frente a la extorsión, la ciudadanía necesita saber que el Estado no se va a quedar cruzado de brazos”, concluyó.
